Nace el
Fondo Nacional de Eficiencia Energética con una dotación de hasta 350 millones
de euros anuales procedentes de los Fondos Estructurales Europeos
correspondientes a la
Administración Estatal , que aportará el 35%. El resto
provendrá de un enrevesado sistema de obligaciones a los suministradores de
energía, que deben realizar aportaciones directas o alcanzar ahorros con actuaciones
propias para reducir el consumo.
El Fondo
destinará la mayor parte de sus recursos a cofinanciar actuaciones en edificios
residenciales y terciarios, aunque también llegará para financiar actuaciones
en otros sectores, como el transporte, la industria o la ganadería. Así, está
prevista la aprobación de un Plan de Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones
en la Edificación
encaminado a movilizar una inversión total anual de unos 900 millones de euros.
Como
complemento, las Comunidades Autónomas destinarán, a través de sus fondos
Feder, más de 130 millones de euros. A todo ello hay que unir los 200 millones
de euros que el Plan de Vivienda 2013-2016 ha comprometido para ejecutar actuaciones
de rehabilitación energética de edificios.
La creación
del fondo lleva aparejado un sistema de obligaciones para los suministradores
de energía, un plan de ahorro de energía y reducción de emisiones en la Edificación , otro plan
para la mejora de la tecnología de equipos y procesos industriales, otro de mejora
del uso eficiente de los medios de transporte y cambio modal de personas y
mercancías hacia modos más eficientes y otro programa de mejora de la
eficiencia energética en las explotaciones agrarias y de maquinaria agrícola.
Una de las
grandes incógnitas que surgen a la hora de distribuir estas ayudas es saber si
todos los establecimientos comerciales pueden acceder en igualdad de
condiciones a las ayudas, sin que estas estén sujetas a las obras que se
desarrollen en los edificios residenciales donde se ubican.
Casi el 60%
de las viviendas que forman el parque residencial en España se construyeron sin
ninguna normativa mínima de eficiencia energética, lo que pone de manifiesto la
necesidad de fomentar la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana,
aspectos que no han sido prioritarios en las políticas de los últimos años, que
han apostado básicamente por los nuevos desarrollos urbanos.